Lo explica muy bien la pieza que, obra de Javier Ruiz , abre hoy la edición de Vozpopuli . Ayer supimos que el juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional ha decidido sobreseer y archivar la denuncia formulada contra los Botín por las cuentas que la familia mantenía en la sucursal suiza del HSBC desde tiempo casi inmemorial, cuentas, entre otras muchas, descubiertas por el chivatazo de unempleado del banco suizo y puestas en conocimiento de la Administración Tributaria española por las autoridades fiscales francesas hace justamente dos años, en mayo de 2010, lo que movió a la Fiscalía Anticorrupción a acusar a los Botín de posible evasión de impuestos y fraude fiscal.
El fallo, nunca mejor dicho, del juez Andreu provocó ayer la protesta de los técnicos de Hacienda que, con nombres y apellidos por delante, se atrevieron a hablar de “trato de favor” a la familia del banquero. Según ellos, la AEAT, en palabras de Ruiz, “disponía de la información de las cuentas opacas en el banco suizo HSBC desde el 24 de mayo de 2010, lo que hubiera permitido iniciarles una inspección cinco semanas antes de la prescripción del delito, al contrario que lo que declaró el entonces director de la Agencia, Luis Pedroche , que permitió a los Botín presentar declaraciones complementarias. Los técnicos consideran que nunca se debió permitir la regularización voluntaria, lo que les permitió librarse de las sanciones y de una posible condena penal”.
El Auto de Andreu es un disparate argumental en toda regla. En la página 27 del texto, los dos peritos nombrados por la Audiencia para intentar desentrañar el ovillo reconocen que “Esta documentación, que se ha revelado ingente [además de hallarse en francés e inglés y trufada de complejas estructuras patrimoniales], no ha podido ser contrastada ni con la información obrante en la Base de Datos Nacional de la AEAT (salvo en algún paso muy puntual) ni con información obtenida de terceros”, no obstante lo cual, 20 líneas más abajo, el magistrado, por arte de birlibirloque, concluye que “la regularización realizada por éstos [la familia] ha pretendido, en base a la documentación acreditativa de los hechos de la que han dispuesto (que no siempre ha podido ser completa) adecuarse en todo momento razonablemente a lo establecido en la normativa reguladora de los mencionados impuestos.”
Un ramillete de poderosos por encima de la ley
“Por todo ello y en su virtud”, comienza el Punto Cuarto de los Razonamientos Jurídicos, “tal y como recoge el Ministerio Fiscal en su informe, la regularización practicada por los denunciados se puede considerar que es correcta”. Átenme esa mosca por el rabo. Y como, además, prosigue el Auto, esa regularización es “anterior a que se hubiera incoado, por los órganos de la AEAT, un procedimiento de inspección o de verificación”, procede archivar el caso, puesto que a los “obligados tributarios” [la familia Botín] les es de aplicación “la excusa absolutoria del art 305.4 del Código Penal”. Y aquí paz y después gloria.
En fin, un día, el de ayer, para señalar con tinta roja en la historia de las miserias nacionales. La Justicia, una vez más, dio prueba del grado de descomposición al que la politización que padece le ha conducido pasito a pasito en las últimas décadas. Alguien podrá opinar con buen sentido que condenar ahora, con la que está cayendo, al primer banquero de este país por delito fiscal habría supuesto algo así como la puntilla para los intereses de España .
El argumento, digno de atención, resulta descartable de plano por fútil desde el momento en que todo el mundo, todo español con dos dedos de frente sabe, sabía, que la familia del banquero hubiera salido airosa de este trance con o sin crisis económica, con o sin trauma nacional de paro y miseria de por medio, porque en esta tierra de pan llevar hay un ramillete de poderosos que sencillamente están por encima de la ley.
Y no se trata de filias ni de fobias. Se trata de que la situación de escándalo diario en que malvive nuestra Justicia se está convirtiendo en un problema existencial para millones de españoles. Hablamos del hartazgo moral que produce vivir en un país donde las instituciones no funcionan; hartazgo de vivir en una democracia de medio pelo en la que no existe separación de poderes; hartazgo de vivir dirigidos por una clase política que no se atreve con el poder del gran dinero.
Es obvio que al señor Botín y a otros cuantos como él, con banco o sin él, el Gobierno de turno, cualquier Gobierno de esta pobre España nuestra, le hubiera sacado de un atolladero semejante sencillamente porque sí. Porque la pobre calidad de nuestra democracia es incapaz de pasar la prueba del algodón de una Justicia igual para todos.
Una cúpula seriamente tocada
No creo que suponga revelar ningún secreto afirmar que el Banco Santander tiene un problema. Seguramente tiene muchos, pero hay uno de particular calado. Por si la existencia de su número dos condenado en firme, luego indultado por el Gobierno, no fuera mácula suficiente, a la lista se añade ahora el número uno de la organización, a quien la Justicia, como ya ocurriera con las cesiones de crédito, acaba de salvar del trance en el caso de unos ahorrillos colocados en Suiza en 1939 dizque por motivos políticos, pero que a don Emilio no se le ocurrió repatriar en 1978, año de nuestra hoy avejentada Constitución, siquiera como un acto de solidaridad con el pueblo español y de esperanza en el futuro colectivo. Y no parece que la presencia de una cúpula semejante al frente del banco sea el mejor estandarte para pasearse hoy por el ancho mundo.
El tufo que despide el fallo del juez Andreu, se incrementa estos días con la decisión de la Fiscalía de archivar, hace apenas 48 horas, la denuncia por malversación de caudales públicos presentada por un vocal del Consejo General del Poder Judicial contra el presidente del Tribunal Supremo y del propio CGPJ, Carlos Dívar , que, hombre piadoso donde los haya, había encontrado en Marbella su lugar de asueto y divertimento con cargo al erario público.
Se cierra el círculo de la vergüenza: la clase política actúa como escudo protector del poder financiero ante cualquier eventual peligro judicial, y los propios jueces, en particular quienes ocupan sus órganos de gobierno, como no podía ser menos, se reservan para sí el privilegio de vivir al margen de la ley, que para eso la administran ellos al resto de los mortales.
En este tono gris que todo lo domina, resulta que España ya es el cuarto o quinto país de Europa con mayor carga fiscal, muy cerca de las estrellas de ese universal deporte que consiste en meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos que siempre han sido Suecia y Dinamarca.
Aquellos países, por lo menos, funcionan. El nuestro, en modo alguno. Un día triste, en suma, que nos recuerda la naturaleza miserable del país que habitamos y la corrupción de las instituciones con que vivimos.
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