varios

Arturo Perez Reverte"No creo que muchos diputados hayan leído un solo discurso de Cánovas, Sagasta, Prieto, Azaña, Sagasta o Calvo Sotelo. Desconocen la tradición parlamentaria de la Restauración y de la II República. Estamos en manos de unos políticos que están haciendo una España virtual que no tiene nada que ver con la realidad. Si paras en cualquier taberna de pueblo o cualquier bar de carretera, allí donde haya trabajadores, te das cuenta de un divorcio absoluto. Se han construido una España política sólo para ellos, en la cual medran y se acuchillan, aunque luego se van a comer juntos tras el número parlamentario. Y esto es indignante."

Gallardón indulta a un cargo corrupto de CiU mientras endurece el código penal

El ministro de Justicia, Alberto Ruíz

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El compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy para perseguir la mala gestión de los recursos públicos, así como la determinación de Alberto Ruiz-Gallardón para endurecer el código penal, chocaron ayer con los indultos concedidos a un exalto cargo de CiU, condenado por corrupción, y a su cómplice, también vinculado a la coalición. Josep María Servitje Roca, exsecretario general de Trabajo de la Generalitat de Cataluña durante el mandato de Jordi Pujol, y el empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña, ambos militantes de UDC, fueron condenados en 2009 por prevaricación y malversación de caudales públicos, pero el Ejecutivo decidió el pasado viernes conmutar las penas de prisión por una multa.

Los indultos aparecieron ayer en el BOE con la correspondiente firma del ministro de Justicia, desatando críticas por lo poco ejemplar de la decisión e, incluso, relacionándola con el reciente apoyo de CiU a la reforma laboral. Y es que, como recuerda la disposición del Gobierno, Servitje fue “autor de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos a la pena de cuatro años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta”. Por los mismos delitos, Lorenzo Acuña fue castigado con años y tres meses de prisión, y cuatro años de inhabilitación.

Los hechos se remontan a 1994, cuando, según la Audiencia de Barcelona, el exsecretario general de Trabajo desvió 46.157 euros de fondos públicos para subvencionar ocho informes sin interés elaborados con plagios y copias de otros documentos. Las beneficiarias de ese dinero fueron dos empresas de Lorenzo Acuña, quien entonces era concuñado del portavoz adjunto de CiU en el Congreso Josep Sánchez Llibre. Ahora, sus penas han sido conmutadas por sendas multas de 3.650 euros.

Los partidos políticos catalanes, salvo PP y CiU, han rechazado el indulto y han cargado contra los últimos acuerdos entre estas dos formaciones. Desde el PSC se tachó de mala noticia, mientras que los portavoces de ICV y ERV fueron más allá, preguntándose “qué ha habido a cambio” de esta decisión, y apuntando a la “oscuridad” del pacto popular-convergente. “Parece que la letra pequeña del pacto llevaba indultar a los políticos corruptos de CiU, es un escándalo”, remachó Albert Rivera, líder de Ciudadanos.

Mano dura contra los robos y la mala gestión pública

Pero, al margen de estas interpretaciones políticas, lo cierto es que el indulto contradice el cambio en el código penal que prepara el Gobierno para tipificar como delito las infracciones más graves en la gestión pública. “La mala gestión de los recursos públicos no puede seguir perjudicando únicamente a quién paga, sino que tiene que generar consecuencias a quién malgasta”, advirtió en enero la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que encabezalas reformas de transparencia y regeneración prometidas por el Ejecutivo.

Además, la generosidad de Gallardón al indultar a dos condenados por corrupción contrasta con su mano dura a la hora de endurecer el código penal. Entre los planes del ministro de Justicia está la introducción de la “cadena permanente revisable” para ciertos delitos, la modificación de la ley del menor o la prioridad para los casos de reincidencia.

Es decir, que los robos inferiores a 400 euros puedan ser considerados delitos, en lugar de faltas como hasta ahora. Mano dura de la que se han librado Servitje y Lorenzo Acuña, al igual queAlfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, obtuvo un controvertido indulto del Gobierno en funciones de José Luis Rodríguez Zapatero.

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Autor del articuloAlberto Mendoza - Sígueme en

Twitter 14/03/2012 (06:00h) EL CONFIDENCIAL

Gallardón indulta a un cargo corrupto de CiU

mientras endurece el código penal

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Si te ha gustado lo mejor que debes hacer es ir a su blog/pagina.*****En mi blog no puedes dejar comentarios , pero si en el del autor. ********HA ENTRADO EN el BLOG/ARCHIVO de VRedondoF. Soy un EMPRESARIO JUBILADO que me limito al ARCHIVO de lo que me voy encontrando "EN LA NUBE" y me parece interesante. Lo intento hacer de una forma ordenada/organizada mediante los blogs gratuitos de Blogger. Utilizo el sistema COPIAR/PEGAR, luego lo archivo. ( Solo lo INTERESANTE según mi criterio). Tengo una serie de familiares/ amigos/ conocidos (yo le llamo "LA PEÑA") que me animan a que se los archive para leerlo ellos después. Los artículos que COPIO Y PEGO EN MI ARCHIVO o RECOPILACIÓN (cada uno que le llame como quiera) , contienen opiniones con las que yo puedo o no, estar de acuerdo. ******** Cuando incorporo MI OPINION, la identifico CLARAMENTE, con la unica pretension de DIFERENCIARLA del articulo original. ***** Mi correo electronico es vredondof(arroba)gmail.com por si quieres que publique algo o hacer algun comentario.

Cifras de vértigo en el escándalo de los ERE: 887 casos y 933 millones

* NOTA DE VREDONDOF *

-El "affaire" no precisa amplitud de comentarios, simplemente el puntualizar que esto es lo que se ha podido aclarar.
Me imagino la cantidad de "asuntos" que no puede ser sacados a la luz por no tener pruebas fehacientes.

No me cabe duda de que "el angelito" del Sr. Guerrero es culpable, no obstante sigo opinando que con "meter" a uno en la carcel, como chivo expiatorio, pues que NO ES SUFICIENTE, aqui hay mucha gente pringada...
¡¡ MUCHA !!,
al final este pagara SUS CULPAS ... que seguro que las tiene y se lo merece y las culpas de todos los secuaces de la banda que con el delinquieron.

Lo primero, que se devuelva el dinero y lo 2º, entrar bien a fondo con el caso , facilitandole a la Jueza los medios suficientes para que haga bien su labor, cosa que creo no se le facilitara .. por aquello de los recortes , el propio PP suavizara el escandalo en todo lo que pueda, ya que el comentario que hay es que un asunto de estas caracteristicas salpica tambien al PP, en este momento para los ciudadanos la partitocracia PPSOE es unica y mete a PP y PSOE en el mismo saco.

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LD / AGENCIAS 2012-03-10

La juez Mercedes Alaya, que esta madrugada envió a prisión al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha estimado que son 617 las ayudas sociolaborales y 270 las ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente, y la Fiscalía Anticorrupción calcula su importe en 933 millones de euros.

En un auto de prisión de 38 folios, al que ha tenido acceso EFE, la juez hace un resumen de lo investigado hasta ahora y afirma que Guerrero, "en connivencia con otros", otorgó esa serie de ayudas "de manera manifiestamente injusta y arbitraria" para "favorecer a familiares, amigos o personas próximas" a su entorno o al de "altos cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE".

Todo ello "permitió el enriquecimiento injusto de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos de la comunidad autónoma andaluza", dice Alaya, que enumera entre otros los 50 millones de euros que recibieron empresas de la Sierra Norte de Sevilla, creando un "enorme agravio comparativo" con respecto al resto de la comunidad.

Las compañías de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, recibieron más de 9 millones, aunque "el desarrollo de la investigación puede desvelar más ayudas directas recibidas" tanto en este grupo empresarial como en otros, añade la juez.

La Fiscalía Anticorrupción pidió prisión para Guerrero alegando que la pena que puede corresponderle supera los 18 años de cárcel y solicitó, además, la imposición de una fianza de 933 millones de euros, importe de lo malversado, aspecto sobre el que la juez se pronunciará la próxima semana, han informado a EFE fuentes judiciales.

Al término de tres días de declaración en sesiones de mañana y tarde, la última cerrada a las 2:30 horas de esta madrugada, la juez decretó prisión sin fianza para Guerrero, lo que justificó por su riesgo de fuga al haber perdido ahora su "arraigo social y laboral" y porque "podría estar recibiendo presiones externas" para eludir ahora la acción de la justicia y así evitar que se conozcan hechos "que no haya desvelado todavía".

"Es ahora cuando se comienza a conocer la gravedad de los indicios contra él y otras personas, cuando verdaderamente surge ese riesgo de fuga", sostiene Alaya.

Guerrero es el primero del medio centenar de imputados que entra en prisión y la juez aprovecha su auto para rebatir a quienes vinculan sus decisiones con la campaña electoral andaluza, acusaciones que reflejan "su absoluto y total desconocimiento de los principios de justicia e independencia que rigen la función jurisdiccional".

Entre otros, ya han sido imputados en la causa el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero Agustín Barberá; el ex director general de Trabajo Juan Márquez, su sucesor y actual titular Daniel Alberto Rivera, y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, ninguno de los cuales ha declarado aún.

En su comparecencia judicial, Guerrero implicó como conocedores del sistema y destino de las ayudas investigadas al expresidente andaluz Manuel Chaves, al actual titular José Antonio Griñán e incluso a la portavoz de la Junta Mar Moreno, y señaló como artífice del sistema al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, actual diputado en el Congreso, lo que en caso de imputarle obligará a elevar la parte de la causa referida a él al Tribunal Supremo.

El auto cita entre el "largo elenco de personas a las que arbitrariamente favoreció el imputado" a su exchófer Juan Francisco Trujillo, a quien concedió 1,3 millones de euros para unas iniciativas empresariales para las que "carecía de recursos materiales y personales para llevarlas a cabo" y otra ayuda de 122.649 euros para su madre.

A su vez, Guerrero recibió del chófer entre 40.000 y 60.000 euros en metálico, múltiples regalos como antigüedades o un piano y cuando ambos terminaban su jornada laboral a mediodía "acudían a establecimientos de copas, consumiendo alcohol y cocaína a diario que Trujillo pagaba con el dinero de las ayudas públicas", según el auto.

La juez enumera las irregularidades que han aparecido en la primera decena de empresas investigadas y cita, por ejemplo, que Surcolor tenía aprobado un ERE para 24 trabajadores pero incluyó a 26 y pese a que las indemnizaciones pactadas ascendían a 1,5 millones, las primas que pagó la Junta ascendieron a 2,6 millones.

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La juez Mercedes Alaya, que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha decretado esta noche prisión sin fianza para Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, que se convierte en el primero del medio centenar de imputados que ingresa en la cárcel. La juez le imputó presuntos delitos de malversación, cohecho, prevaricación, dos de falsedad en documentos mercantil y uno de falsedad en documento oficial.

La orden de prisión se dictó a la 1:45 horas de esta madrugada, tras una agotadora sesión de 13 horas de declaración en la que, según avanzaba la jornada, Guerrero se fue mostrando de manera creciente preocupado por su destino hasta que, al final, reconocía a los periodistas que "hay que estar preparado para todos los avatares de la vida".

La decisión de la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se ha producido después de la petición del fiscal, que pidió el ingreso en la cárcel del imputado por el riesgo de fuga existente, la influencia que podría ejercer en otros imputados en la causa y la gravedad de los hechos, alegando que la pena que podría corresponder al imputado sería superior a los 18 años de cárcel. A la petición del Ministerio Público se han adherido todas las acusaciones, es decir, la Junta de Andalucía, el PP, Manos Limpias y el sindicato UGT. El fiscal pidió además 933 millones de euros de fianza en concepto de responsabilidad civil, cálculo realizado por el dinero público presuntamente malversado mediante los ERE y otras ayudas de la Junta fraudulentas.

La defensa de Guerrero pidió a la juez que aparte a la Junta como acusación particular, dado que debe ser designada responsable civil subsidiaria del pago de las indemnizaciones. Sin embargo Guerrero, que fue director general de Trabajo durante nueve años (1999-2008), declaró durante tres días que todos sus superiores conocían que los fondos millonarios se repartían "discrecionalmente" y "sin publicidad", por lo que sólo eran conocidos por "los más próximos" a la Administración.

Tres días declarando

En sus sucesivas declaraciones, implicó como conocedores del sistema a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, al expresidente de la Junta Manuel Chaves, al exconsejero Gaspar Zarrías y a la actual consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno.

Durante el interrogatorio de tres días, la juez Alaya le planteó un total de 144 preguntas, y Guerrero se acogió a continuación a su derecho a no seguir contestando, pero aún así todas las partes dejaron por escrito las cuestiones que pensaban plantear al imputado.

La Fiscalía de Sevilla hizo constar 80 preguntas, el letrado de la Junta planteó un centenar de preguntas y los abogados de los restantes imputados han ido desgranando sus preguntas hasta totalizar varios centenares.

Guerrero sí ha accedido a responder a las únicas dos preguntas que le ha hecho su defensor, Fernando de Pablo: si el consejo de Gobierno andaluz conocía el sistema de adjudicación y el destino de la partida denominada 31L o "fondo de reptiles", a lo que Guerrero ha contestado "sí", y si lo conocían los sucesivos viceconsejeros de Empleo, a lo que ha respondido "totalmente".

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Guerrero dice que los sindicatos se llevaban comisiones de los ERE

Dice que las órdenes las daba el exconsejero de Empleo José Antonio Viera.

LD/AGENCIAS 2012-03-08

El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha asegurado que él "entiende" que parte de las comisiones cobradas por las compañías aseguradoras "iban para los sindicatos", algo que opina "desde su experiencia profesional".

Durante su declaración ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, Guerrero ha asegurado que "ha sido ahora" cuando se ha enterado del asunto de las comisiones, y ha puesto de manifiesto que "de haberse enterado antes hubiera intentado que cobrasen dentro de la lógica de mercado".

Asimismo, y sobre las ayudas sociolaborales, ha aseverado que él quería que su reparto fuera "universal" y, de hecho, elaboró órdenes y decretos que llevó al Consejillo –presidido por el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías– para procurar que "todo el mundo" tuviera acceso a las mismas, pero ello no fructificó.

Guerrero ha vuelto a nombrar al exconsejero de Empleo José Antonio Viera al decir que fue él quien "le dio orden" de dar las ayudas al grupo empresarial del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y de su entonces persona de confianza, José María Sayago Lozano, que habrían recibido 29 millones de euros en ayudas, señalando que "no tiene una explicación razonable de por qué se le dio tantas ayudas y dinero en tiempo tan concentrado –entre 2003 y 2004–". "Ello es excesivo, pero lo ordenó Viera", ha llegado a afirmar Guerrero, quien ha insistido en todo momento en el hecho de que las ayudas se concedían de manera "discrecional" y no "arbitraria", algo que ha querido hacer constar.

En cuanto al transcurso de la declaración, se ha producido un receso en el que la juez ha ordenadorequisar los teléfonos móviles a todos los abogados presentes en la sala, después de la advertencia del juez decano, Federico Jiménez Ballester, de que se estaba transmitiendo casi en directo la información de la sala. Los dispositivos han quedado custodiados por la Guardia Civil en un carrito en otra sala distinta a la de la declaración.

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El abogado de Guerrero: la Junta debe ser responsable y no acusación

La defensa de Guerrero lamenta su ingreso en prisión y pedirá que la Junta sea "apartada" como acusación.

Fernando de Pablo, abogado defensor del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, ha lamentado la madrugada de este sábado la decisión de la juez Mercedes Alaya de ordenar el ingreso en prisión de su cliente, a la sazón el principal imputado en la trama relativa al supuesto libramiento discrecional y fraudulento de ayudas con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. De Pablo no comparte el riesgo de fuga esgrimido por la juez y, además, ha anunciado que reclamará que la Junta de Andalucía sea "apartada como acusación" en esta causa.

La juez instructora, como se ha informado, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Francisco Javier Guerrero, ya que atisba un riesgo de fuga sobre el principal imputado en esta causa. En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián, el abogado defensor de Francisco Javier Guerrero ha reconocido que su cliente y él mismo están "sorprendidos", sobre todo porque si realmente existiese un peligro de fuga, Guerrero "se podría haber ido en cualquier momento", a cuenta de lo prolongado y conocido de la instrucción del procedimiento.

"Llevamos tres días de declaración, no tendría ningún sentido que se fuese mañana", ha manifestado el letrado señalando que él mismo está "un poco decepcionado" por la orden de la titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla. Igualmente, Fernando de Pablo ha anunciado que reclamará que la Junta de Andalucía, personada en las diligencias, "sea apartada como acusación".

"La Junta de Andalucía no puede estar como acusación cuando, teóricamente, debe ser responsable"de los hechos investigados, ha manifestado el abogado, para quien "lo que haya actuado o no" Francisco Javier Guerrero, "ha sido como administración", en alusión a su antiguo cargo de director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía.

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Autor del articulo

Alaya cifra las ayudas a cargos y amigos del PSOE: 887 casos

Libertad Digital / AGENCIAS 2012-03-10

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Del sobrino de Felipe al hijo de Chaves: el negocio ‘familiar’ de Invercaria

* NOTA DE VREDONDOF *

-Aunque lo publico en CPC (Corrupción - Prevaricacion - Cohecho) esto no es de este blog ... ya que para este tipo tendría que tener otro titulado, por ejemplo, MAFIPPSOE, aunque tampoco seria justo , ya que en la mafia se arriesgan a que te metan en la cárcel o que te peguen un tiro.

En estos casos de ANDALUCIA ni siquiera se arriesgan a tener que devolver lo robado, quedaran impunes y con la pasta ... es mas muchos, muchos (por no decir todos) volverán a la política.
A mi se me cae el alma a los pies no por VER LO QUE HAN ROBADO, si no por ver que hay cientos de miles y acaso millones que aun sigan votando al PSOE andaluz, para mi es tan CORRUPTO el que CONSIENTE como el que corrompe o el que se deja corromper.
Esperemos que entre el PP en Andalucia y que destape todo lo que hay aunque solo sea por venganza de lo de Gurtel.

Es INCREÍBLE que ocurra lo que dice el articulo y que se tome ya como una situación NORMAL y mínima ... me decía un amigo andaluz hace unos días , que esto es solo la punta del Icebers, que en Andalucia ha habido tanta corrupción que el propio PP lo va a ocultar , pues la clase política va a a SALIR TAN ENFANGADA que es posible que no se recupere nunca... y que ser político del PPSOE va a ser sinónimo de LADRÓN SINVERGÜENZA ... o como mínimo GOLFO.

- SCL

Del sobrino de Felipe al hijo de Chaves: el negocio ‘familiar’ de Invercaria

Juan María González Mejías (i), sobrino de Felipe González y el hijo de Manuel Chaves, Iván Chaves

HIJOS, SOBRINOS, HERMANOS, NOVIOS Y CUÑADAS A LA SOMBRA DEL PODER

La trastienda del caso Invercaria pone de relieve la existencia de una nueva generación de yuppies que se mueven entre la orilla política y la empresarial.Los nuevos personajes del ‘régimen’ andaluz que se descompone son los vástagos o familiares directos de los líderes del socialismo decadente, desde el hijo de Manuel Chaves al sobrino de Felipe González, pasando por su cuñada y hasta, de rebote, el novio de Bibiana Aído y otros muchos que se mueven a la sombra de un poder que tiene en Invercaria uno de sus paradigmas.

La primera conexión de Invercaria con la familia socialista llega de la mano deIván Chaves, hijo del ex presidente Manuel Chaves. En su carrera como ‘hombre de negocios’, Iván trabajó para Bogaris bajo la dirección de Laura Gómiz, como ha publicado El Confidencial, cuando ésta era directora general de una división agrícola especializada en el sector oleícola, para la que el hijo de Chaves realizó trabajos de mediación y captación de inversores.

Un mes después de terminar la ‘colaboración’ de Iván Chaves con Bogaris, Laura Gómiz dejó esta empresa y fue fichada por Manuel Chaves para la Junta como directora de Invercaria. Allí se topó con otro vástago de las familias socialistas: el presidente y consejero delegado de esta sociedad era Juan María González Mejías, sobrino carnal de Felipe González, que le dejaría en 2010 la silla de la presidencia de Invercaria a Gómiz para saltar a otro cargo en la Junta.

Previamente, el sobrino de Felipe González había sido gerente de la empresa pública de limpieza en Sevilla, Lipasam, donde entró a ‘dedo’, gracias al buen hacer del entonces alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, que lo mantuvo hasta que el hijo de Juan Manuel González Márquez, hermano de Felipe, encontró acomodo en Invercaria, sustituyendo en ella como consejero delegado y presidente a Tomás Pérez-Sauquillo, responsable de la empresa en el ejercicio al que se refiere la auditoría de la Cámara de Cuentas objeto del escándalo de las grabaciones.

Proteger al sobrino o darle algo más cómodo

Sobre la salida de Juan María González Mejías de Invercaria hay diversas versiones. En algunos círculos se asegura que al sobrino de Felipe González lo quisieron proteger quitándolo de un lugar que iba a ser foco de escándalo (duró poco más de dos meses en el cargo), mientras que en otros se afirma que el puesto que más tarde le asignaron en la Junta era “más cómodo”, mientras que en Invercaria se necesitaba una persona con “más garra”, como finalmente ha resultado ser Laura Gámiz, de cuyo “temperamento” queda constancia en las grabaciones de su subordinado despedido, Cristóbal Cantos.

La entrada de Juan María González en la Junta viene a demostrar lo abigarrado de una administración autonómica cuya estructura es similar a la copa de un pino piñonero. El sobrino de Felipe salió de Invercaria en julio de 2010 y pasó a ser secretario general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, dependiente de la Consejería de Economía, que dirige Antonio Ávila, la misma bajo cuyo organigrama está Idea, e Invercaria como dependiente de la anterior.

Sin embargo, la sociedad a la que se incorpora Juan María González debió de haber sido poco eficaz porque sólo once meses después se cierra y parte de sus competencias pasan a la Secretaría General de Innovación. Con las competencias, el sobrino de Felipe cambia de despacho para convertirse en secretario general de Innovación, sustituyendo a Juan Martínez Barea, un prestigioso profesional procedente de la Cátedra Sánchez-Ramade, que abandonó por decisión propia el despacho antes de que llegara el sobrino de Felipe.

Como el régimen a veces suele escribir derecho con renglones torcidos, este cambio en el organigrama de la Junta permitió reducir departamentos y, de rebote, situó en el mapa a Julián Martínez, novio de la ex ministra Bibiana Aído, que estaba colocado en la Delegación del Gobierno de la Junta en Madrid. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, decidió suprimir el Centro de Negocios de la Junta en Madrid y el Instituto de Innovación para el Bienestar Ciudadano, y pasar sus competencias a la Delegación del Gobierno en la capital de España, es decir, más trabajo para el novio de Aído gracias a la recolocación del sobrino de Felipe.

¿Qué hubiera pasado si la madre audita al hijo en Invercaria?

Pero el hilo que une al clan familiar sigue hasta el punto de llegar a una funcionaria del cuerpo de Técnicos de Auditoría de la Cámara de Cuentas, que se llama Carmen Mejías Severo. ¿Qué habría pasado si esta funcionaria hubiera tenido que auditar las cuentas de Invercaria en el ejercicio de 2010? Pues que tendría que haberle puesto nota a su propio hijo. En efecto, Carmen Mejías es madre de Juan María González Mejias, y esposa de Juan María González Márquez, hermano de Felipe.

Afortunadamente para la familia, Carmen Mejías prefirió tomar otro camino yGaspar Zarrías, mano derecha de Chaves, el padre de Iván, la colocó en la Consejería de Presidencia, que él dirigía, como secretaria general técnica… Todo queda en casa, aunque en este caso sea la casa común y no el domicilio familiar.

Toda la familia en la misma sociedad y la madre en Presidencia

La mayor conexión familiar de este clan, sin embargo, se encuentra en el sector de la publicidad, por extraño que parezca, y consta en las actas de sesiones del Parlamento andaluz. El diputado popular José Luis Sanz, secretario general de su partido en Sevilla, irrumpió en la Cámara autonómica en la última legislatura en la que Zarrías ocupó la Consejería de Presidencia de Chaves para ponerle sobre el atril una curiosa coincidencia.

José Luis Sanz aseguró, y así consta en las actas, que la Junta asignó un concurso por valor de 7.3 millones de euros a la multinacional MacCann Erikson, asociada con la empresa Al Sur, en la que participaba Interlab Media, una sociedad en la que se encontraban Juan María González Márquez y sus dos hijos, uno de ellos, el que después sería presidente de Invercaria. Y lo más curioso es que la esposa y madre de los miembros de esta empresa era Carmen Mejías, secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia, que fue la que concedió el concurso.

¿Qué hubiera pasado si se hubieran tomado medidas entonces a raíz de este tipo de coincidencia? Pues, posiblemente, que el sobrino de Felipe no habría llegado a la Presidencia de Invercaria… Claro, que esa coyuntura no habría impedido que Laura Gámiz, compañera de Iván Chaves en Bogaris, hubiera sido tan imaginativa como pedía que fueran sus subordinados cuando, presuntamente, les pedía que falsificaran informes para avalar inversiones en empresas que en algunos casos eran de amigos del partido.

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Autor del articulo

Del sobrino de Felipe al hijo de Chaves: el negocio ‘familiar’ de Invercaria.

ElConfidencial.com

Antonio Castro. Sevilla 08/03/2012 (06:00h)

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Correa dice que llevó ´mil millones´ a Bárcenas por obras en la época de Cascos

El cerebro de la trama Gürtel reconoce que el extitular de Fomento le dio encargos de Aena en Fitur

Francisco Correa en su comparecencia en el juicio de los trajes contra Camps y Costa en Valencia. reuters

La fiscalía ha pedido al juez del "caso Gürtel" que vuelva a imputar a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos cuando éste fue secretario general del partido, entre 1989 y 1999. La Audiencia Nacional decidirá en breve si reabre esa parte del caso sobre una trama corrupta en el seno del PP que quedó cerrada por el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el pasado septiembre. De llevarse a cabo esta imputación podría volver a investigarse a quién pertenecen las misteriosas siglas "P. A. C.", atribuidas a un prominente alto cargo del PP y al que un informe de la Unidad de Delincuencia Económica (Udef) coloca en la cúspide de la trama corrupta, al haber cobrado al menos 980.000 euros de dos empresas relacionadas con Francisco Correa, "cerebro" de la trama.

En una conversación grabada por el ex edil del PP en Majadahonda José Luis Peñas, que ha sido entregada a la Fiscalía Anticorrupción, Correa aseguró que había llevado hasta mil millones de pesetas a Bárcenas por obras adjudicadas en la época de Cascos, cuando éste era ministro de Fomento. "Con Cascos he viajado mucho", llegó a reconocer Correa en una conversación grabada por Peñas.

Contratos con Fitur

En la declaración que realizó Francisco Correa ante el juez Pedreira se describe cómo llegó a introducirse en el PP, cuando Cascos era secretario general. "Cuando empezamos a trabajar con el asunto de viajes, el gerente nacional, don Luis Bárcenas, un día me llama y me dice: 'Oye, vosotros organizáis viajes, y también organizáis congresos para grandes firmas, lanzamientos de productos..., ¿vosotros seríais capaces de organizar un mitin político?'. Y yo le dije: 'Pues, ¿qué hay que hacer?'. En esa época estaba de secretario general Paco Álvarez-Cascos. Entonces pasamos un presupuesto. El señor Cascos nos llamó muy alarmado y me dice:'Oiga, ¿esto es correcto? Usted se ha equivocado en algo'. Entonces ahí ocurrió una cosa, que es que el proveedor de ellos les cobraba una cantidad de dinero importante, y yo creo que la primera factura que les pasé fue de dos millones de pesetas, pero estaban acostumbrados a pagar ocho o diez millones. A partir de ahí empecé a trabajar muy regularmente en la organización de mítines, campañas europeas, municipales, generales, con todo lo que eso conllevaba, una barbaridad, un trabajo enorme. Estas decisiones no las tomaba ni siquiera el secretario general, las tomaba un grupo en el que estaban Jesús Sepúlveda, Cascos, Bárcenas, el secretario de Organización, que era Javier Arenas", declaró Correa.

En otra parte del sumario del caso, concretamente su declaración ante el juez Garzón, al inicio del escándalo, Correa reconoció haber tenido relación con Cascos cuando éste ya era ministro de Fomento. A una pregunta del fiscal sobre el papel en las empresas de la trama de Pablo Crespo, ex diputado gallego y ex secretario de Organización del PP gallego -que le fue introducido a Correa por el ya fallecido dirigente popular pontevedrés, José Cuiña-, el principal imputado del caso indicó: "Una de las cuentas que teníamos entonces era de Aena, porque Paco Cascos, con el que yo tenía cierta relación, me la dio y era una prenda muy importante, porque se hacía Fitur y se hacía un montón de eventos".

El juez Pablo Ruz acaba de imputar a Ángel López de la Mota, que trabajó durante diez años en la calle Génova, según él mismo reconoció al diario El País, en la época de Cascos como secretario general, y que luego pasó a ser director de comunicación del ente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), cuando el actual presidente asturiano llegó a ministro de Fomento. Junto a otro empleado de Aena también imputado, López de la Mota había cobrado 84.000 euros en especie (viajes, estancias de hotel, obras en su casa) y en efectivo de una de las empresas del "universo Gürtel". Las empresas de Correa se beneficiaron de contratos de Aena por importe de 2,4 millones de euros.

Adjudicaciones millonarias

Pero la acusación más grave se encuentra en el contenido de las conversaciones entre Correa y José Luis Peñas, donde el principal imputado del caso reconoce: "Le he llevado a Bárcenas, he hecho con él un día 1.000 millones de pesetas. Yo,Paco Correa, se lo he llevado a Génova y a su casa. Todo obras, adjudicación de obras de Fomento, cuando estaba Cascos, 1.000 kilos. Yo sé dónde los tiene y cómo los saca de España y el paraíso fiscal".

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los mil millones de pesetas a los que se refiere Correa procederían de la labor de intermediación realizada por Correa ante empresarios de las adjudicaciones de obras del Ministerio de Fomento, entre las que se contarían alguna del AVE adjudicada a la empresa Constructora Hispánica. La Policía rastreó pagos de esta empresa a las de Correa.

Otros testigos, como el ex concejal de Majadahonda Juan José Moreno Alonso, expulsado del PP, o Isabel Jordán, ex directiva de una de las empresas de Correa, declararon en su día ante el juez Garzón que oyeron a Correa decir que había entregado dinero a Bárcenas, que siempre estaban hablando de ello, del dinero que le habían dado, de que era "un cabrón", porque no les daba trabajo y les había cortado el flujo.

A pesar de estas declaraciones, y de las anotaciones de pagos en las cajas B de las empresas del grupo de Correa, sobre pagos a "L. Bárcenas","L. B." o "Luis el cabrón", el juez Pedreira del Tribunal Superior de Justicia de Madrid archivó la imputación contra Bárcenas al considerar que no había pruebas suficientes para incriminarle. Aunque eso podría cambiar ahora.

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Correa dice que llevó ´mil millones´ a Bárcenas por obras en la época de Cascos

L.Á. VEGA VALENCIA

Levante-EMV

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