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Arturo Perez Reverte"No creo que muchos diputados hayan leído un solo discurso de Cánovas, Sagasta, Prieto, Azaña, Sagasta o Calvo Sotelo. Desconocen la tradición parlamentaria de la Restauración y de la II República. Estamos en manos de unos políticos que están haciendo una España virtual que no tiene nada que ver con la realidad. Si paras en cualquier taberna de pueblo o cualquier bar de carretera, allí donde haya trabajadores, te das cuenta de un divorcio absoluto. Se han construido una España política sólo para ellos, en la cual medran y se acuchillan, aunque luego se van a comer juntos tras el número parlamentario. Y esto es indignante."

PERIDIS de ELPAIS

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El juez rechaza enviar a Valencia las diligencias secretas del 'caso Gürtel'


El juez rechaza enviar a Valencia las diligencias secretas del 'caso Gürtel'

El tribunal valenciano debe decidir aún si investiga la financiación del PP

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 26/01/2010
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El juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, entiende que "en este momento no procede" trasladar a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) la información que ésta le pidió sobre diligencias que ahora figuran en el sumario de Madrid pero que están relacionadas con la trama corrupta vinculada al PP en Valencia. Antes de decidir si admite o no a trámite la querella por supuesta financiación ilegal del PP de Valencia que interpuso el PSOE, el TSJCV pidió a Pedreira toda la documentación e informes que posea sobre pesquisas relacionadas con la trama Gürtel en Valencia. Entre los informes solicitados, figuran los elaborados por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, que recogen indicios de la supuesta financiación irregular de los populares valencianos y el de la comisión de más de un millón de euros que supuestamente se quedó la trama corrupta de los actos de la visita del Papa a Valencia.

      La noticia en otros webs

      Pedreira, de momento, no facilitará nada a Valencia. Argumenta que las diligencias que demanda están bajo secreto de sumario y que facilitarlas tal cual puede frustrar "el final legítimo" de las pesquisas que se desarrollan en Madrid, según informó ayer el Tribunal Superior de Madrid. Este mismo criterio es compartido por la Fiscalía Anticorrupción, también contraria a facilitar esa información. De todas formas, Madrid tiene previsto levantar el secreto de todo el sumario a finales de febrero, según el Tribunal Superior. Paradójicamente, uno de los informes que pide Valencia (el de la supuesta financiación ilegal del PP) había sido remitido a finales de agosto del año pasado por la policía al TSJCV, y este tribunal, presidido por Juan Luis de la Rúa, a quien Camps considera "más que amigo", lo despreció y rehusó investigarlo. En aquel momento, el TSJCV investigaba los regalos de trajes y dádivas de la trama Gürtel al presidente autonómico Francisco Camps y otros altos cargos de su Gobierno. El tribunal que preside De la Rúa devolvió ese informe al Tribunal Superior de Madrid argumentando que su investigación sólo concernía al cohecho impropio derivado de los citados trajes y que la supuesta financiación ilegal del PP que se describía en ese informe era otro asunto distinto. Tres días después de devolver dicho informe, el TSJCV, con un voto discrepante, archivó la causa del regalo de los trajes, lo que en este momento está recurrido por la fiscalía ante el Supremo. Ante la inacción de Valencia sobre la supuesta financiación ilegal, Anticorrupción pidió al instructor del caso Gürtel en Madrid, Pedreira, que investigase este asunto que no había sido indagado por el TSJCV.
      Dado que algunos de los imputados en Madrid también tenían relación con la trama Gürtel de Valencia -Álvaro Pérez, el Bigotes, entre otros-, Pedreira ha pedido en estos meses a autoridades valencianas diligencias que ahora se hallan en Madrid bajo secreto sumarial. Y son éstas las diligencias que pide el TSJCV a Madrid y que el juez, al estar bajo secreto, se niega de momento a enviar. El tribunal valenciano quiere esas diligencias para ver qué hace con la querella por financiación ilegal que ha interpuesto el PSOE de Valencia contra el PP.
      Esa querella va dirigida contra Camps y otros altos cargos del PP y está basada en el informe de financiación ilegal que en su momento despreció el TSJCV. Los socialistas incluyen en su querella a 17 personas: altos cargos del Gobiernovalenciano, entre ellos Camps, varios implicados en la trama y cinco empresas valencianas, una de ellas de la familia del también vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino.
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      El denunciante de la Gürtel declara al juez que la trama pagó un viaje de Rajoy


      El denunciante de la Gürtel declara al juez que la trama pagó un viaje de Rajoy

      El líder del PP se fue a Canarias de vacaciones con su familia tras la derrota electoral de 2004


      Mariano Rajoy sale por una ventana de la sede de Génova la noche del 14-M. - EFE
      JAVIER CHICOTE - MADRID - 22/01/2010 08:25

      Pasadena Viajes, una de las empresas de la trama Gürtel, pagó las vacaciones de Mariano Rajoy y su familia en Canarias después de que el PP perdiera las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. José Luis Peñas, el ex concejal del PP que grabó al cabecilla de la trama, Francisco Correa, y denunció el escándalo de corrupción, declaró ante el magistrado Antonio Pedreira que el viaje fue un regalo del propio Correa, según le reconoció este personalmente.
      Está previsto que el juez Pedreira levante en los próximos días el secreto de una segunda parte del sumario del caso Gürtel, donde es muy probable que esté la declaración de Peñas en la que asegura que el viaje de Rajoy lo pagó Correa. Se trata de una comparecencia de unas cinco horas que tuvo lugar en mayo de 2009, la segunda a la que acudió el ex concejal la primera fue ante Baltasar Garzón, citado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
      La versión oficial dada por el PP es que ese viaje era un regalo del partido a Rajoy (un auto-regalo, entonces, pues Rajoy era el secretario general) para que descansara tras las elecciones generales de 2004, en las que el PP perdió el poder a favor de José Luis Rodríguez Zapatero tras una campaña agotadora física y, sobre todo, anímicamente, pues estuvo marcada por los atentados del 11-M.
      Público ha preguntado al Partido Popular si abonaron el viaje y, en caso afirmativo, si pueden mostrar la factura. Un portavoz se limitó a responder de forma tajante que no tenían "nada que decir al respecto". El presidente del PP viajó a la isla de Gran Canaria junto a su mujer, Elvira Fernández, y el hijo mayor de la pareja.

      Precios inmejorables

      Hasta las elecciones de 2004, con Aznar en la presidencia del Gobierno, Correa era el proveedor oficial del partido a nivel nacional, en lo que se refiere a viajes y organización de eventos. De hecho, el conseguidor se había adentrado años atrás en los círculos del Partido Popular gracias a una pequeña agencia de viajes que ofrecía sus servicios a unos precios inmejorables. Nadie conseguía billetes más baratos.
      Poco a poco se fue ganando a varios dirigentes conservadores hasta convertirse en alguien esencial en las entrañas del partido, una de las figuras no públicas más importantes de la formación. En su despacho de la calle de Serrano, 40, en Madrid, tenía una bandera de España y otra del PP.
      Un modo muy habitual de engrasar las relaciones con aquellos que le podían conceder jugosos contratos fue regalarles viajes, como hiciera con Arturo González Panero, el ex alcalde de Boadilla del Monte, al que llevó varias veces a Miami. En concreto, Pasadena Viajes solía utilizar la compañía Iberia. Compraban billetes de turista, pero un directivo de la aerolínea y concejal de Boadilla del Monte por el PP modificaba el billete para pasar a los pasajeros a primera clase ocupando plazas que quedan libres. Se trata de una medida habitual de las compañías con los grandes clientes, como era Pasadena, y más teniendo en cuenta que los pasajeros solían ser de renombre.
      Después de las elecciones de 2004, Correa cayó en desgracia con Mariano Rajoy y su círculo más íntimo, que dejaron de contratarlo. El principal imputado del caso Gürtel se refugió entonces en las comunidades de Madrid y Valencia. Aunque dejó de prestar servicios al partido a nivel nacional, Correa guardaba toda la documentación de Pasadena Viajes en una nave del Polígono Ventorro del Cano, en Alcorcón (Madrid).
      La policía dio con el lugar y se incautó de varias cajas que contenían cientos de facturas y otra documentación donde aparecen reflejados varios años de viajes oficiales y privados de cargos del partido, entre ellos el ex tesorero Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel. Varios dirigentes acudían a Pasadena para contratar viajes personales que "no siempre se cobraban", según una fuente cercana al cabecilla de la red corrupta.
      Entre los muchos agasajos, figura un viaje de novios "espectacular", según fuentes de la investigación, que Francisco Correa dio como regalo de boda a un alto cargo de la Comunidad de Madrid. Una funcionaria puso este dato en conocimiento de la policía. El juez Antonio Pedreira está investigando seis años de viajes privados de distintos dirigentes del PP realizados a través de Pasadena.

      La salida de Peñas

      José Luis Peñas se ganó la confianza de Correa gracias a su cargo de concejal y mano derecha de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda (Madrid) e imputado en el caso Gürtel.
      Peñas salió del PP en el año 2005, pero mantuvo su relación con Francisco Correa a través de un nuevo partido y aprovechó su relación para grabar las conversaciones con Don Vito, que han supuesto el estallido del mayor escándalo político de los últimos años.

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      y2a -Correa tenía en Suiza 18,6 millones


      Correa tenía en Suiza 18,6 millones

      • Son los fondos que administraba Fasana, congelados desde febrero de 2009
      Francisco Correa y su número dos, Pablo Crespo, tienen en Suiza depósitos bancarios por un valor total de 18,6 millones de euros, según el saldo a 31 de agosto de 2009 facilitado por el gestor de esas cuentas, el suizo Arturo Fasana, en el marco de las comisiones rogatorias interesadas por los jueces instructores del caso Gürtel. Esos fondos están bloqueados por las autoridades del país helvético.
      Un total de 18.612.440 euros permanecen bloqueados en las cuentas de Credit Suisse pertenecientes a las sociedades Golden Chain Properties y Mall Business S. A. Ambas fueron constituidas en Panamá y tienen como beneficiarios, respectivamente, a Francisco Correa y Pablo Crespo, según los documentos que figuran en la comisión rogatoria cursada a Suiza y que reflejan, sin género de duda, que esas sociedades están vinculadas a ambos imputados en la trama Gürtel, la presunta red de corrupción que afecta al PP.
      En la comisión rogatoria se encuentran los poderes otorgados por Correa y Crespo para que el suizo Arturo Fasana, un gestor de patrimonios dueño de Rhône Gestion, administre las cuentas abiertas en Credit Suisse a nombre de Golden Chain Properties y Mall Business.
      El grueso del dinero (17.289.094 euros) se encuentra en la primera de ellas, mientras que la segunda tenía 1.323.346 euros en agosto de 2009. Los saldos se concretan en un escrito que Fasana dirigió el pasado 23 de septiembre a Sergio Mastroianni, el fiscal suizo encargado de cumplimentar las peticiones de auxilio judicial internacional cursadas primero por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y después por el magistrado del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira, actual instructor del caso Gürtel.
      El escrito de Fasana tenía por objeto recabar la autorización del fiscal suizo para cobrar los gastos de gestión de esas cuentas. La respuesta de Mastroianni fue negativa al pesar sobre los depósitos suizos de Correa una medida cautelar de bloqueo.
      En realidad, la congelación de los fondos ya había sido solicitada por el propio Fasana nada más estallar el caso Gürtel en febrero de 2009, incluso antes de que el bloqueo fuera reclamado por la Justicia española. Alertado por las noticias periodísticas sobre las detenciones de Correa y Crespo, el gestor suizo dio instrucciones a Credit Suisse para que sólo él y el otro administrador, Bertrand Hagger, pudieran disponer de los fondos, anulando el resto de las firmas autorizadas para mover los depósitos.
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      y2a -Dimite la edil de Pozuelo imputada en la ‘Gürtel’


      Dimite la edil de Pozuelo imputada en la ‘Gürtel’

      El juez imputa a Yolanda Estrada prevaricación y cohecho

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      La edil Yolanda Estrada, al abandonar el TSJ de Madrid. - GUILLERMO SANZ
      Á. VÁZQUEZ - Madrid - 12/01/2010 22:47

      El alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Gonzalo Aguado, aceptó este martes la dimisión de todos sus cargos de Yolanda Estrada, después de que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira la imputara los delitos de prevaricación y cohecho por su presunta participación en la trama de corrupción desarticulada en el caso Gürtel.
      Pese a que el nombre de la hasta este martes concejala de Presidencia y Mujer de Pozuelo aparecía ya en los autos del primer instructor del caso, Baltasar Garzón, su imputación formal en la causa se hizo de rogar. El juez Pedreira no la citó en esa condición hasta el jueves pasado. Tras tomarle declaración concretó las acusaciones que pesan sobre ella en los delitos de prevaricación y cohecho.
      Su participación en la trama corrupta se remonta a su etapa como concejala de Obras, siendo alcalde el también imputado Jesús Sepúlveda. Ella era el contacto que la red de empresas de Francisco Correa utilizaba en Pozuelo. La imputada Felisa Isabel Jordán, que fue administradora de algunas de las sociedades del grupo, declaró que era a Estrada a quien tenía que dirigirse en las negociaciones con el municipio madrileño, según le había indicado el considerado lugarteniente de Correa, Pablo Crespo.

      El coche, en efectivo

      Además, en las pesquisas policiales se detectó que había adquirido un vehículo de gama alta, un BMW X3, por 42.000 euros, cantidad que pagó en efectivo.
      Aunque las resoluciones de Garzón hicieron dimitir a Sepúlveda, su sucesor en el cargo, mantuvo a Yolanda Estrada en el Ayuntamiento y la ascendió de la séptima Tenencia de Alcaldía a la quinta.
      Tras conocerse su imputación la semana pasada, Estrada puso sus cargos a disposición del alcalde, quien terminó aceptando su dimisión, informa Efe. Además de las dos concejalías, Estrada se ocupaba de la secretaría de la Junta Local de Gobierno y de las áreas de Cultura, Relaciones Institucionales y Protocolo.
      El PSOE reclamaba su dimisión desde que se conoció que comparecería como imputada ante el instructor del caso Gürtel en el TSJ de Madrid.

      Conciencia tranquila

      Nada más abandonar la sede judicial, Estrada se dirigió a los medios de comunicación para proclamar su inocencia y recordar las consecuencias que una imputación judicial tiene para un político. "Para mí esto puede suponer la suspensión de mi sueldo, de vivir de mi sueldo, y de una manera fea. Yo tengo la conciencia muy tranquila, soy inocente, no he hecho absolutamente nada más que mi trabajo", aseveró.
      Hizo hincapié en que nada más conocer su imputación, puso sus cargos a disposición del alcalde para no perjudicar al PP. Además, defendió la honradez de las personas que se dedican a la política. "No somos corruptos; puede haber personas que cometan delitos, sean políticos o no, pero ejercemos una actividad pública y estamos ahí expuestos a que pasen esas cosas", destacó.
      Su abogado, José Ángel González Castro, anunció que solicitará al juez Pedreira el archivo de las actuaciones, al entender que hay una "ausencia absoluta de participación" de su cliente en hechos penalmente relevantes.
      El Comité de Dirección del PP de Madrid celebra hoy la primera reunión de 2010. Fuentes del partido aseguraron que uno de los temas a tratar será el de Estrada, que no sólo podría perder sus cargos, sino que también se enfrenta a una posible suspensión de militancia.

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      y2a -Camps benefició en el Cabanyal a firmas implicadas en Gürtel


      Camps benefició en el Cabanyal a firmas implicadas en Gürtel

      Dos de las empresas que, según la Policía, financiaron al PP valenciano entraron a dedo en la sociedad mixta creada para el proyecto y luego la abandonaron recibiendo plusvalías del 10% con dinero público

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      El Govern y el Ayuntamiento de Valencia prevén completar el derribo del barrio de El Cabanyal. - JUAN NAVARRO
      ALICIA GUTIÉRREZ - MADRID - 13/01/2010 07:45

      Las constructoras Sedesa y Lubasa, dos de las empresas que, según un informe policial sobre el caso Gürtel, financiaron ilegalmente al PP valenciano, obtuvieron plusvalías procedentes del erario público superiores al 10% y sin arriesgar un solo euro. Lo lograron gracias a la controvertida operación urbanística de El Cabanyal, auspiciada por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Según el citado informe policial, pendiente desde julio de que algún juez se decida a investigar su contenido, tanto Sedesa como Lubasa pagaron en dinero B actos del PP valenciano.
      La Brigada contra el Blanqueo calcula en 539 millones de euros los contratos públicos de la Generalitat adjudicados entre 2007 y 2009 a Sedesa, propiedad de la familia del consejero valenciano Vicente Cotino. Y en más de 77 los obtenidos por Lubasa entre finales de 2006 y comienzos de 2009. Ambas niegan haber financiado al PP.
      Sedesa y Lubasa pagaron en B actos del PP, sostiene el informe policial

      Elegidas a dedo

      El origen de las plusvalías captadas por Sedesa y Lubasa (a través de su filial Calviga) se remonta a 2005. Ese año, la Generalitat y el consistorio valenciano incorporaron a 11 constructoras privadas como socios constituyentes y sin concurso previo a Cabanyal 2010 SA. Participada por la Generalitat y el Ayuntamiento en un 55%, la empresa nacía así como sociedad mixta encargada de desarrollar más de 1.500 nuevas viviendas en el histórico barrio marítimo, cuya destrucción acaba de paralizar el Ministerio de Cultura.
      En junio de 2008, con la crisis inmobiliaria ya desatada y la UE preparada para denunciar ante el Tribunal Europeo la entrada a dedo de capital privado en Cabanyal 2010 SA, las 11 constructoras abandonaron el barco. Pero lo hicieron no sólo recuperando todo lo invertido -7,8 millones de euros- pese a que Cabanyal 2010 SA estaba ya en pérdidas, sino obteniendo una jugosísima "compensación indemnización" cifrada en 870.000 euros: es decir, superior al 10% de la inversión inicial.
      Ambas figuran entre los principales contratistas de la Generalitat
      El entrecomillado anterior relativo a la compensación figura en un recién conocido informe de la Sindicatura de Comptes valenciana la Cámara de Cuentas autonómica que censura la actuación de la Generalitat y el Ayuntamiento en Cabanyal 2010 SA.
      Para la indemnización, explica la Sindicatura en su informe, se tomó como referencia el IPC "más un punto". Y añade que, para justificar su decisión, la Generalitat y el Ayuntamiento aplicaron de manera indebida un precepto de los estatutos de Cabanyal 2010 SA. Esa cláusula estipula cómo recomprar las acciones en manos privadas... pero una vez transcurridos 10 años como mínimo desde la creación de la sociedad, y no tres.
      El gabinete de prensa de la Generalitat rehusó ayer dar una explicación y remitió a los servicios de comunicación del Ayuntamiento de Valencia. Fuentes del consistorio valenciano aseguraron aPúblico que la operación se hizo "de acuerdo a ley". En relación con la amenaza de la UE de interponer demanda por la vulneración del principio de igualdad de trato en la elección de socios para Cabanyal 2010 SA, las fuentes sugirieron que la amenaza de demanda "quedó en nada". El 8 de octubre de 2009, la Comisión Europea anunció su decisión de demandar a España (las autonomías no tienen personalidad jurídica propia en la UE) por el sistema de contratación seguido por el Instituto Valenciano de Vivienda SA (IVVSA), a través del cual está representada la Generalitat en Cabanyal 2010 SA.
      Recibieron una "indemnización". La Sindicatura de Cuentas lo censura

      Sin riesgo y como a plazo fijo

      Según el Ayuntamiento valenciano, el informe de la Sindicatura es "opinable". No lo es, en cambio, que las constructoras dejaron el negocio como quien liquida un depósito a plazo fijo: sin riesgos y con beneficios.
      Conjugando los datos del informe de la Sindicatura con los del reparto accionarial en Cabanyal 2010 SA y el precio pagado por cada acción, se alcanza una conclusión respecto a Lubasa y Sedesa: la primera se hizo con 1.856 acciones desembolsando 928.000 euros y, en 2008, se marchó con el compromiso público de reintegrarle 1.030.520 euros. En lo que concierne a Sedesa, las cuentas son estas: en 2005 se hizo con 500 acciones por 250.000 euros y, tres años más tarde, consiguió que la Generalitat y el Ayuntamiento le garantizasen 277.619 euros.
      La UE ha decidido denunciar a Valencia por elegir a dedo socios privados
      Las acciones, advierte además el informe, debieron adquirirse no a su valor nominal, que aquí era el pagado en 2005 por las constructoras, sino por su valor teórico. La Sindicatura subraya que el valor teórico de las acciones, expresión que equivale al valor real de mercado, "se encontraba por debajo del nominal en el momento de la venta, dado que la empresa había obtenido pérdidas en los ejercicios anteriores".

      Les Corts ratificarán el jueves el decreto ley de El Cabanyal

      Este jueves, Les Corts validarán el decreto ley del Consell que permite los derribos en El Cabanyal pese a la prohibición del Ministerio de Cultura, que los considera “expolio”. La Junta de Portavoces, con mayoría del PP, se reunió ayer antes de que se reanuden las sesiones. Tras la junta, el portavoz del PSPV-PSOE, Ángel Luna, denunció que el Gobierno valenciano aplica “el estilo Berlusconi, cambiando la ley para que desaparezca la fechoría”. Por su parte, el portavoz del PP, Rafael Blasco, aseguró que Cultura pretende “humillar” a las instituciones autonómicas. Algo con lo que no está de acuerdo la portavoz adjunta de Compromís pel país valencià, Mónica Oltra, que defendió que los derribos son “un crimen” y que no dudará en ponerse “delante de las excavadoras”. El president, Francisco Camps, y la alcaldesa, Rita Barberá, se reunieron ayer en el Palau de la Generalitat junto a buena parte de sus equipos para tratar proyectos urbanísticos en Valencia durante el 2010. Alfonso Grau, teniente de alcalde, afirmó que en El Cabanyal “continúan los derribos”, aunque no supo concretar en qué calle. Por contra, los vecinos de Salvem el Cabanyal precisaron ayer que desde septiembre no se han producido demoliciones / SERGI TARIN
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