varios

Arturo Perez Reverte"No creo que muchos diputados hayan leído un solo discurso de Cánovas, Sagasta, Prieto, Azaña, Sagasta o Calvo Sotelo. Desconocen la tradición parlamentaria de la Restauración y de la II República. Estamos en manos de unos políticos que están haciendo una España virtual que no tiene nada que ver con la realidad. Si paras en cualquier taberna de pueblo o cualquier bar de carretera, allí donde haya trabajadores, te das cuenta de un divorcio absoluto. Se han construido una España política sólo para ellos, en la cual medran y se acuchillan, aunque luego se van a comer juntos tras el número parlamentario. Y esto es indignante."

* NOTA DE VREDONDOF *

-El "affaire" no precisa amplitud de comentarios, simplemente el puntualizar que esto es lo que se ha podido aclarar.
Me imagino la cantidad de "asuntos" que no puede ser sacados a la luz por no tener pruebas fehacientes.

No me cabe duda de que "el angelito" del Sr. Guerrero es culpable, no obstante sigo opinando que con "meter" a uno en la carcel, como chivo expiatorio, pues que NO ES SUFICIENTE, aqui hay mucha gente pringada...
¡¡ MUCHA !!,
al final este pagara SUS CULPAS ... que seguro que las tiene y se lo merece y las culpas de todos los secuaces de la banda que con el delinquieron.

Lo primero, que se devuelva el dinero y lo 2º, entrar bien a fondo con el caso , facilitandole a la Jueza los medios suficientes para que haga bien su labor, cosa que creo no se le facilitara .. por aquello de los recortes , el propio PP suavizara el escandalo en todo lo que pueda, ya que el comentario que hay es que un asunto de estas caracteristicas salpica tambien al PP, en este momento para los ciudadanos la partitocracia PPSOE es unica y mete a PP y PSOE en el mismo saco.

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LD / AGENCIAS 2012-03-10

La juez Mercedes Alaya, que esta madrugada envió a prisión al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha estimado que son 617 las ayudas sociolaborales y 270 las ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente, y la Fiscalía Anticorrupción calcula su importe en 933 millones de euros.

En un auto de prisión de 38 folios, al que ha tenido acceso EFE, la juez hace un resumen de lo investigado hasta ahora y afirma que Guerrero, "en connivencia con otros", otorgó esa serie de ayudas "de manera manifiestamente injusta y arbitraria" para "favorecer a familiares, amigos o personas próximas" a su entorno o al de "altos cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE".

Todo ello "permitió el enriquecimiento injusto de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos de la comunidad autónoma andaluza", dice Alaya, que enumera entre otros los 50 millones de euros que recibieron empresas de la Sierra Norte de Sevilla, creando un "enorme agravio comparativo" con respecto al resto de la comunidad.

Las compañías de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, recibieron más de 9 millones, aunque "el desarrollo de la investigación puede desvelar más ayudas directas recibidas" tanto en este grupo empresarial como en otros, añade la juez.

La Fiscalía Anticorrupción pidió prisión para Guerrero alegando que la pena que puede corresponderle supera los 18 años de cárcel y solicitó, además, la imposición de una fianza de 933 millones de euros, importe de lo malversado, aspecto sobre el que la juez se pronunciará la próxima semana, han informado a EFE fuentes judiciales.

Al término de tres días de declaración en sesiones de mañana y tarde, la última cerrada a las 2:30 horas de esta madrugada, la juez decretó prisión sin fianza para Guerrero, lo que justificó por su riesgo de fuga al haber perdido ahora su "arraigo social y laboral" y porque "podría estar recibiendo presiones externas" para eludir ahora la acción de la justicia y así evitar que se conozcan hechos "que no haya desvelado todavía".

"Es ahora cuando se comienza a conocer la gravedad de los indicios contra él y otras personas, cuando verdaderamente surge ese riesgo de fuga", sostiene Alaya.

Guerrero es el primero del medio centenar de imputados que entra en prisión y la juez aprovecha su auto para rebatir a quienes vinculan sus decisiones con la campaña electoral andaluza, acusaciones que reflejan "su absoluto y total desconocimiento de los principios de justicia e independencia que rigen la función jurisdiccional".

Entre otros, ya han sido imputados en la causa el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero Agustín Barberá; el ex director general de Trabajo Juan Márquez, su sucesor y actual titular Daniel Alberto Rivera, y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, ninguno de los cuales ha declarado aún.

En su comparecencia judicial, Guerrero implicó como conocedores del sistema y destino de las ayudas investigadas al expresidente andaluz Manuel Chaves, al actual titular José Antonio Griñán e incluso a la portavoz de la Junta Mar Moreno, y señaló como artífice del sistema al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, actual diputado en el Congreso, lo que en caso de imputarle obligará a elevar la parte de la causa referida a él al Tribunal Supremo.

El auto cita entre el "largo elenco de personas a las que arbitrariamente favoreció el imputado" a su exchófer Juan Francisco Trujillo, a quien concedió 1,3 millones de euros para unas iniciativas empresariales para las que "carecía de recursos materiales y personales para llevarlas a cabo" y otra ayuda de 122.649 euros para su madre.

A su vez, Guerrero recibió del chófer entre 40.000 y 60.000 euros en metálico, múltiples regalos como antigüedades o un piano y cuando ambos terminaban su jornada laboral a mediodía "acudían a establecimientos de copas, consumiendo alcohol y cocaína a diario que Trujillo pagaba con el dinero de las ayudas públicas", según el auto.

La juez enumera las irregularidades que han aparecido en la primera decena de empresas investigadas y cita, por ejemplo, que Surcolor tenía aprobado un ERE para 24 trabajadores pero incluyó a 26 y pese a que las indemnizaciones pactadas ascendían a 1,5 millones, las primas que pagó la Junta ascendieron a 2,6 millones.

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La juez Mercedes Alaya, que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha decretado esta noche prisión sin fianza para Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, que se convierte en el primero del medio centenar de imputados que ingresa en la cárcel. La juez le imputó presuntos delitos de malversación, cohecho, prevaricación, dos de falsedad en documentos mercantil y uno de falsedad en documento oficial.

La orden de prisión se dictó a la 1:45 horas de esta madrugada, tras una agotadora sesión de 13 horas de declaración en la que, según avanzaba la jornada, Guerrero se fue mostrando de manera creciente preocupado por su destino hasta que, al final, reconocía a los periodistas que "hay que estar preparado para todos los avatares de la vida".

La decisión de la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se ha producido después de la petición del fiscal, que pidió el ingreso en la cárcel del imputado por el riesgo de fuga existente, la influencia que podría ejercer en otros imputados en la causa y la gravedad de los hechos, alegando que la pena que podría corresponder al imputado sería superior a los 18 años de cárcel. A la petición del Ministerio Público se han adherido todas las acusaciones, es decir, la Junta de Andalucía, el PP, Manos Limpias y el sindicato UGT. El fiscal pidió además 933 millones de euros de fianza en concepto de responsabilidad civil, cálculo realizado por el dinero público presuntamente malversado mediante los ERE y otras ayudas de la Junta fraudulentas.

La defensa de Guerrero pidió a la juez que aparte a la Junta como acusación particular, dado que debe ser designada responsable civil subsidiaria del pago de las indemnizaciones. Sin embargo Guerrero, que fue director general de Trabajo durante nueve años (1999-2008), declaró durante tres días que todos sus superiores conocían que los fondos millonarios se repartían "discrecionalmente" y "sin publicidad", por lo que sólo eran conocidos por "los más próximos" a la Administración.

Tres días declarando

En sus sucesivas declaraciones, implicó como conocedores del sistema a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, al expresidente de la Junta Manuel Chaves, al exconsejero Gaspar Zarrías y a la actual consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno.

Durante el interrogatorio de tres días, la juez Alaya le planteó un total de 144 preguntas, y Guerrero se acogió a continuación a su derecho a no seguir contestando, pero aún así todas las partes dejaron por escrito las cuestiones que pensaban plantear al imputado.

La Fiscalía de Sevilla hizo constar 80 preguntas, el letrado de la Junta planteó un centenar de preguntas y los abogados de los restantes imputados han ido desgranando sus preguntas hasta totalizar varios centenares.

Guerrero sí ha accedido a responder a las únicas dos preguntas que le ha hecho su defensor, Fernando de Pablo: si el consejo de Gobierno andaluz conocía el sistema de adjudicación y el destino de la partida denominada 31L o "fondo de reptiles", a lo que Guerrero ha contestado "sí", y si lo conocían los sucesivos viceconsejeros de Empleo, a lo que ha respondido "totalmente".

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Guerrero dice que los sindicatos se llevaban comisiones de los ERE

Dice que las órdenes las daba el exconsejero de Empleo José Antonio Viera.

LD/AGENCIAS 2012-03-08

El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha asegurado que él "entiende" que parte de las comisiones cobradas por las compañías aseguradoras "iban para los sindicatos", algo que opina "desde su experiencia profesional".

Durante su declaración ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, Guerrero ha asegurado que "ha sido ahora" cuando se ha enterado del asunto de las comisiones, y ha puesto de manifiesto que "de haberse enterado antes hubiera intentado que cobrasen dentro de la lógica de mercado".

Asimismo, y sobre las ayudas sociolaborales, ha aseverado que él quería que su reparto fuera "universal" y, de hecho, elaboró órdenes y decretos que llevó al Consejillo –presidido por el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías– para procurar que "todo el mundo" tuviera acceso a las mismas, pero ello no fructificó.

Guerrero ha vuelto a nombrar al exconsejero de Empleo José Antonio Viera al decir que fue él quien "le dio orden" de dar las ayudas al grupo empresarial del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y de su entonces persona de confianza, José María Sayago Lozano, que habrían recibido 29 millones de euros en ayudas, señalando que "no tiene una explicación razonable de por qué se le dio tantas ayudas y dinero en tiempo tan concentrado –entre 2003 y 2004–". "Ello es excesivo, pero lo ordenó Viera", ha llegado a afirmar Guerrero, quien ha insistido en todo momento en el hecho de que las ayudas se concedían de manera "discrecional" y no "arbitraria", algo que ha querido hacer constar.

En cuanto al transcurso de la declaración, se ha producido un receso en el que la juez ha ordenadorequisar los teléfonos móviles a todos los abogados presentes en la sala, después de la advertencia del juez decano, Federico Jiménez Ballester, de que se estaba transmitiendo casi en directo la información de la sala. Los dispositivos han quedado custodiados por la Guardia Civil en un carrito en otra sala distinta a la de la declaración.

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El abogado de Guerrero: la Junta debe ser responsable y no acusación

La defensa de Guerrero lamenta su ingreso en prisión y pedirá que la Junta sea "apartada" como acusación.

Fernando de Pablo, abogado defensor del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, ha lamentado la madrugada de este sábado la decisión de la juez Mercedes Alaya de ordenar el ingreso en prisión de su cliente, a la sazón el principal imputado en la trama relativa al supuesto libramiento discrecional y fraudulento de ayudas con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. De Pablo no comparte el riesgo de fuga esgrimido por la juez y, además, ha anunciado que reclamará que la Junta de Andalucía sea "apartada como acusación" en esta causa.

La juez instructora, como se ha informado, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Francisco Javier Guerrero, ya que atisba un riesgo de fuga sobre el principal imputado en esta causa. En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián, el abogado defensor de Francisco Javier Guerrero ha reconocido que su cliente y él mismo están "sorprendidos", sobre todo porque si realmente existiese un peligro de fuga, Guerrero "se podría haber ido en cualquier momento", a cuenta de lo prolongado y conocido de la instrucción del procedimiento.

"Llevamos tres días de declaración, no tendría ningún sentido que se fuese mañana", ha manifestado el letrado señalando que él mismo está "un poco decepcionado" por la orden de la titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla. Igualmente, Fernando de Pablo ha anunciado que reclamará que la Junta de Andalucía, personada en las diligencias, "sea apartada como acusación".

"La Junta de Andalucía no puede estar como acusación cuando, teóricamente, debe ser responsable"de los hechos investigados, ha manifestado el abogado, para quien "lo que haya actuado o no" Francisco Javier Guerrero, "ha sido como administración", en alusión a su antiguo cargo de director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía.

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Autor del articulo

Alaya cifra las ayudas a cargos y amigos del PSOE: 887 casos

Libertad Digital / AGENCIAS 2012-03-10

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