Tanto PP como PSOE son dos organizaciones orientadas al delito y al enriquecimiento de sus dirigentes; dos mafias en las que se practica la solidaridad interna y la omertá; dos mafias perfeccionadas que se benefician del control de una Justicia mediatizada y corrompida, lo que les dota de impunidad, y también de los medios de comunicación, con lo que han erradicado el periodismo de investigación –puede llegar a ser una forma de suicidio personal- y han minimizado la denuncia.
Esta descripción no pretende ser insultante, sino reflejar estrictamente la realidad. No tengo la menor duda de que en un Estado de Derecho tanto el PP como el PSOE serían ilegalizados, como bandas organizadas para el delito. En términos de análisis, Al Capone tenía comprado al alcalde de Chicago, a miembros de la Justicia y a oficiales de la Policía. Ahora Al Capone es el alcalde, Frank Niti es oficial de Policía y los jueces son directamente elegidos por las mafias, de modo que ni tan siquiera han de pagarles la mordida pues el enjuague corre a cargo del extorsionado contribuyente.
El PSOE desarrolló muy pronto, con el felipismo (Felipe González), ese esquema de mafia que se enseñoreó de todas las instituciones de control como la Guardia Civil, el BOE o el Banco de España. La financiación ilegal del PSOE se estableció de manera mafiosa a través de extorsiones a las empresas. Toda aquella situación tuvo la consecuencia del amordazamiento definitivo de la Justicia. Ese esquema mafioso socialista se ha perpetuado de manera muy notoria en Andalucía, como ejemplifican casos como Mercasevilla o los ERE, que hablan de una red mafiosa muy extendida en diversos estratos y que afecta a toda la Administración.
El caso del PP no es menos ni más escandoloso porque, tanto en su refundación como hasta el acceso al poder con José María Aznar en 1996, ese partido se presentó como oferta para limpiar la vida pública española. Lejos de ello, el Partido Popular ha alcanzado niveles equivalentes y en no pocos casos superiores al Partido Socialista. Soy testigo de cómo el Partido Popular de la Comunidad Valenciana se corrompió en bloque al día siguiente de acceder al poder y lo hizo acudiendo a los mismos empresarios a los que había denunciado como corruptores en la órbita socialista. Así, en Alicante siguió mandando Enrique Ortiz o en Orihuela Ángel Fenoll, y en la medida en que el Partido Popular extendió y consolidó su poder la corrupción se hizo capilar y se practicó a gran escala.
En Alicante el desarrollo de mafia del PP llegó hasta el asesinato. Concejales del PP de Polop de la Marina encargaron a sicarios el asesinato del alcalde de dicha localidad, perteneciente al PP, por disputas urbanísticas.
De hecho, el PSOE y el PP, en cuanto mafias competidoras, han colaborado en el delito, la mordida y la depredación, en aquellos lugares donde han compartido el poder, como grupos de gánsteres que pertenecen a un mismo orden moral. Respondiendo al dicho de que entre bomberos no se pisan la manguera, PP y PSOE se han corrompido en comandita donde y cuando han podido. Como mafias que entran en litigio, PP y PSOE han hecho repartos ventajosos para ambos en cuanto a su esencia y constitución delictiva. Lo han practicado así en cada una de las cajas de ahorros que han ido hundiendo.
Así, en Caja Castilla-La Mancha la mafia dominante es la socialista, pero la Comisión de buen gobierno estaba presidida por el destacado miembro del Partido Popular, Arturo García Tizón, e Ignacio del Hierro, esposo de María Dolores de Cospedal, se lucraba de la Corporación Industrial como miembro del Consejo de Administración, con puesto muy bien remunerado.
Tanto el Partido Popular como el PSOE son dos grupos organizados para el delito y para el enriquecimiento de sus dirigentes y familiares. Cuando estas dos mafias, que sin duda serían ilegalizadas en un Estado de Derecho, comparten poder en una institución donde hay dinero a repartir llegan a acuerdos – como sucede entre los grupos de gánsteres – para beneficiarse mutuamente.
Por ejemplo, en la corrupción de la Diputación de Alicante, perpetrada por su presidente, el destacado miembro del Partido Popular José Joaquín Ripoll, participaba también el portavoz del PSOE, Antonio Amorós. En la compulsiva corrupción del Ayuntamiento de Alicante, liderada por la alcaldesa, la ultracorrupta Sonia Castedo, participan todos los concejales de todos los grupos, de forma que las corrupciones urbanísticas de Enrique Ortiz han sido siempre aprobadas por unanimidad de todos los grupos, también de Izquierda Unida.
Donde estos pactos entre gánsteres políticos han sido más manifiestos es en las Cajas de Ahorros, instituciones financieras beneméritas donde los partidos y las otras organizaciones dedicadas al delito, UGT y CCOO, coincidían en sus órganos de Gobierno.
Parecía imposible hundir las cajas. Nacidas hace más de un siglo de la caridad cristiana y de la filantropía para democratizar el crédito, habían atravesado etapas históricas muy difíciles, como una guerra civil y una posguerra, y habían sobrevivido con decoro. Concitaban un alto grado de fiabilidad para las clases medias españolas. No han superado la sistemática degeneración de dos mafias actuando de manera conjunta hasta generar, en su avaricia delictiva, deudas estratosféricas.
En el caso de Caja de Ahorros del Mediterráneo la depredación la inició el partido socialista con Juan Antonio Gisbert. Denuncié la corrupción escandalosa de su equipo, habitante de la exquisita Calita Judíos, y me encontré con la oposición del PP y la persecución de la Justicia. Los miembros del PP robaban también y recibían créditos sin interés, aunque en menor cuantía que los socialistas, pues eran minoría. Las tornas cambiaron cuando el PP ganó las elecciones y sus miembros pasaron a dominar los órganos de gobierno de la CAM. Se permitió jubilarse a Juan Antonio Gisbert con la cifra, con poco más de 40 años, de mil millones de pesetas, lo que era más que la suma de todas las pensiones de los jubilados de la CAM.
De inmediato, los populares pasaron a corromperse mucho más aún que los socialistas y a hacerlo todos, como corresponde a un grupo organizado para el delito.
Los más corruptos eran los de la comisión de control, pues accedían a esos puestos para que no se les controlara en la concesión de créditos a fondo perdido. El mayor nivel de corrupción lo alcanzaron Modesto Crespo y la inefable Amorós (llegó a reclamar diez millones de euros por despido improcedente). El popular –y católico oficial diácono- Modesto Crespo se autoconcedió préstamos sin interés para 9 millones de euros. Cifra superada en Caja Burgos por José María Arribas, padrastro de la pseudoperiodista Pilar García de la Granja, o Pilar Cubero, que ha robado 18 millones de euros.
Tan escandolosas prácticas de la mafia PP nunca fueron denunciadas por la mafia PSOE, ni tampoco por las mafias Sindicales UGT y CCOO. Todas estas mafias tenían repartidas las calles para la mordida y la extorsión; todas robaban y todas se beneficiaban, por lo que actuaban de común acuerdo.
Aunque todos los gestores importantes de Bankia –los 33 actualmente imputados- son mayoritariamente del Partido Popular, y de manera resaltable los dos mayores chorizos de la trama, Rodrigo Rato y José Luis Olivas, la situación de Bankia, que ha comportado la ruina de España y una grave crisis europea, nunca fue denunciada por el Partido Socialista, que tenía representantes en los consejos de Administración, ni por UGT y CCOO, que también los tenían. Ello se debe a que cuando estas organizaciones del delito confluyen en una institución no chocan entre sí, ni entran en competencia, sino que se reparten el negocio para ser más eficaces. De esa forma, los sindicatos, por ejemplo, eran uno de los principales apoyos del anterior presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por la sencilla razón de que los representantes sindicales recibían abultadas retribuciones.
Al frente del PP y del PSOE, como grupos organizados para el delito, como mafias, están los presidentes de los respectivos mal llamados partidos. Mariano Rajoy es el jefe de la mafia del PP y José Luis Rodríguez Zapatero lo era del mafia PSOE. En calidad de tales se reunieron en la legislatura pasada para hablar del destrozo provocado en las Cajas y para que ello quedara al margen de la disputa política, de forma que fuera el contribuyente el que pagara los innumerables platos rotos. Contra este pacto oscuro, que nunca se comunicó con claridad a la opinión pública, convoqué con la Plataforma de las Clases Medias una concentración en la Plaza de Colón de Madrid bajo el lema, hoy más actual que nunca, de “Con mi dinero, no”, el 23 de noviembre de 2008.
Ese pacto ha funcionado con la solidez de la que sólo son capaces las mafias más degeneradas.
Enrique de Diego
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