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Estas son algunas de las claves para entender mejor la 'Operación Gürtel'.
Además señalaba que los miembros de la trama les entregaban (a los cargos públicos) "regalos, presentes y cantidades de dinero. De esta forma, lograban obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no usaban las mismas prácticas".
Así, Garzón dejó en libertad al resto de imputados (34) sin ningún tipo de medida cautelar tras tomarles declaración. Entre ellos, se encuentran las tres primeras imputadas: Carmen Rodríguez, esposa de Correa, Felisa Jordán y Carmen Luis Cerezo. El juez Álvaro Pérez también quedó en libertad con prohibición de salir de España.
El 27 de marzo Garzón imputa a otras once personas y, además, el magistrado ha iniciado los trámites para el nombramiento de administradores judiciales en las empresas intervenidas a la trama de corrupción que investiga y que presuntamente lidera Francisco Correa, uno de los tres únicos imputados que se encuentra en prisión.
Mientras, en Valencia, Garzón también ha relacionado al presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps; al diputado de las Corts valencianas y secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa; al ex secretario de Organización del PP de Valencia José Víctor Campos Guinot y al jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret Parreño.
Además, dimitió el presidente de la comisión que investiga el espionaje a políticos en Madrid porque también se le relaciona con esta trama mientras que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, llegó a cesar al asesor de la Junta del distrito de Moncloa, José Javier Nombela, porque había "perdido la confianza en él".
Otros implicados en el caso son Tomás Martín Moral, Clemente Aguado, José Galeote (ex concejal de Boadilla) y Ricardo Galeote (ex concejal de Estepona Málaga), padre y hermano del eurodiputado del PP Gerardo Galeote.
Agencia de eventos que entre 1996 y 1999 organizó todos los actos políticos del PP de Galicia. Esta empresa tiene como administrador único a Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego. El Ayuntamiento de Madrid adjudicó en 2007 varios contratos a la empresa por un importe total de 210.000 euros. El propio alcalde Ruiz-Gallardón ha admitido que en 2004 "se manipuló un informe técnico" para adjudicar a esta empresa un contrato por valor de 153.000 euros.
Una empresa, también propiedad de Pablo Crespo, con la que el Ayuntamiento de Boadilla organizó diversos viajes, algunos de ellos, según El País, al equipo electoral de José María Aznar en su campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2003. Está siendo también investigada.
Compañía especializada en la gestión del servicio público de información y atención al ciudadano. En 2005 el alcalde de Boadilla, Arturo González, suscribió un contrato con ella. La Comunidad de Madrid adjudicó sin concurso, según el diario Público, más de 70 contratos.
Junto con Easy Concept es la otra firma presuntamente favorecida con contratos "a dedo" por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Entre los años 2004 y 2005 habría organizado eventos junto con Easy Concept por valor de 562.183 euros.
Es la proveedora de servicios de la dirección regional del Partido Popular valenciano. La empresa organiza mítines, congresos y toda clase de eventos para los populares, según reconoce el partido. Vinculada a uno de los detenidos, Pablo Crespo, a ella se le adjudicó el diseño del expositor de la Comunitat Valenciana en Fitur. Su presidente, Alvaro Pérez, 'el Bigotes', pagó trajes a Francisco Camps por importe de 12.783 euros y que éste pudo facilitar a cambio la concesión de adjudicaciones a esta empresa, según Garzón.
Además, para que la recusación se hiciera efectiva, tenían que cumplirse cinco requisitos: el PP tenía que ser parte de la acusación; era imprescindible que Garzón admitiera el recurso; para ser recusado un magistrado tienen que opinar todos las partes del caso (defensa, fiscalía, acusación...); si prospera la recusación, después decide la Sala de lo Penal que es la competente para suspender al juez; y si no se cumplen los pasos anteriores, tendrían que ir a una instancia superior para pedir su recusación.
Si Garzón acusaba a algunos de ellos de algún delito -como era el caso de Alberto López-Viejo o Francisco Camps-, tendría que renunciar a la investigación, como pretendía el PP, y pasar el caso inmediatamante a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia o al Tribunal Supremo, juzgados que ni cuentan con los medios ni con la experiencia de la Audiencia Nacional para llevar un caso de este tipo.
El método más utilizado en estos casos -no es la primera vez que sucede- pasa por imputar a los aforados en el último momento, cuando la investigación ya está prácticamente completa, algo que Garzón hizo finalmente el 5 de marzo.
Con el paso de los días antes del 5 de marzo, Garzón iba retrasando su decisión por lo que el PP decidió presentar una querella criminal por prevaricación contra el juez. Los populares acusaron al magistrado de actuar de manera "manifiestamente injusta a sabiendas" al haber superado "con creces" el plazo de tres días que establecer la Ley de Enjuiciamiento Criminal para remitir las actuaciones a otro tribunal.
9. ¿Por qué decidió finalmente Garzón inhibirse de la investigación?
Garzón decidió inhibirse del 'caso Gürtel' el 5 de marzo, fecha en la que finalizó los interrogatorios a todos los imputados, sólo después de que se produjera la petición formal de la Fiscalía Anticorrupción para que dejase el caso.
Así, Garzón dejó parte del caso en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia por haber hallado indicios de responsabilidad penal en el presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, entre otros. También cedió la otra parte del caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, implicando en su auto a Alberto López Viejo, Alfonso Bosch, Jesús Sepúlveda o Ginés López, entre otros.
1. ¿Qué se investiga?
Una red de corrupción que supuestamente operaba en varios municipios de Madrid, así como en Valencia y en localidades de la Costa del Sol, y en la que sus integrantes están imputados por los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.2. ¿Qué dice el auto del juez Garzón?
El auto del juez Garzón presentado el 12 de febrero indicaba que el "conglomerado de empresas" investigadas se nutría de fondos de entidades públicas de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia para "obtener un beneficio propio". Para ello utilizaba "como norma común y frecuente las dádivas y sobornos a funcionarios públicos cuya identidad y cargos se están investigando".Además señalaba que los miembros de la trama les entregaban (a los cargos públicos) "regalos, presentes y cantidades de dinero. De esta forma, lograban obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no usaban las mismas prácticas".
3. ¿Cuántas personas están imputadas y cuántas en prisión?
En su auto, el magistrado imputó a 37 personas por varios delitos (blanqueo, fraude fiscal...), de los que sólo tres entraron en prisión sin fianza: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.Así, Garzón dejó en libertad al resto de imputados (34) sin ningún tipo de medida cautelar tras tomarles declaración. Entre ellos, se encuentran las tres primeras imputadas: Carmen Rodríguez, esposa de Correa, Felisa Jordán y Carmen Luis Cerezo. El juez Álvaro Pérez también quedó en libertad con prohibición de salir de España.
El 27 de marzo Garzón imputa a otras once personas y, además, el magistrado ha iniciado los trámites para el nombramiento de administradores judiciales en las empresas intervenidas a la trama de corrupción que investiga y que presuntamente lidera Francisco Correa, uno de los tres únicos imputados que se encuentra en prisión.
4. ¿Cuántos cargos del PP se han visto salpicados y quiénes han dimitido?
Son varios y algunos de ellos desempeñan, o desempeñaban, cargos públicos. Sus nombres son los siguientes: Alberto López Viejo, que presentó su dimisión como consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid; Arturo González Panero, que dimitió como alcalde de Boadilla; María Jesús Díaz, ex número dos en la Alcaldía de Boadilla; Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda), que cesó de su actual cargo como gerente del Mercado Puerta de Toledo en Madrid; Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP en Galicia; los diputados regionales de Madrid Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco; el dimitido alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda; el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, que también ha dejado su cargo.Mientras, en Valencia, Garzón también ha relacionado al presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps; al diputado de las Corts valencianas y secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa; al ex secretario de Organización del PP de Valencia José Víctor Campos Guinot y al jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret Parreño.
Además, dimitió el presidente de la comisión que investiga el espionaje a políticos en Madrid porque también se le relaciona con esta trama mientras que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, llegó a cesar al asesor de la Junta del distrito de Moncloa, José Javier Nombela, porque había "perdido la confianza en él".
Otros implicados en el caso son Tomás Martín Moral, Clemente Aguado, José Galeote (ex concejal de Boadilla) y Ricardo Galeote (ex concejal de Estepona Málaga), padre y hermano del eurodiputado del PP Gerardo Galeote.
5. ¿Qué empresas están involucradas en la trama?
El entramado de empresas de la red de corrupción estaba compuesto por 23. Entre ellas destacan:Agencia de eventos que entre 1996 y 1999 organizó todos los actos políticos del PP de Galicia. Esta empresa tiene como administrador único a Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego. El Ayuntamiento de Madrid adjudicó en 2007 varios contratos a la empresa por un importe total de 210.000 euros. El propio alcalde Ruiz-Gallardón ha admitido que en 2004 "se manipuló un informe técnico" para adjudicar a esta empresa un contrato por valor de 153.000 euros.
Una empresa, también propiedad de Pablo Crespo, con la que el Ayuntamiento de Boadilla organizó diversos viajes, algunos de ellos, según El País, al equipo electoral de José María Aznar en su campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2003. Está siendo también investigada.
Compañía especializada en la gestión del servicio público de información y atención al ciudadano. En 2005 el alcalde de Boadilla, Arturo González, suscribió un contrato con ella. La Comunidad de Madrid adjudicó sin concurso, según el diario Público, más de 70 contratos.
Junto con Easy Concept es la otra firma presuntamente favorecida con contratos "a dedo" por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Entre los años 2004 y 2005 habría organizado eventos junto con Easy Concept por valor de 562.183 euros.
Es la proveedora de servicios de la dirección regional del Partido Popular valenciano. La empresa organiza mítines, congresos y toda clase de eventos para los populares, según reconoce el partido. Vinculada a uno de los detenidos, Pablo Crespo, a ella se le adjudicó el diseño del expositor de la Comunitat Valenciana en Fitur. Su presidente, Alvaro Pérez, 'el Bigotes', pagó trajes a Francisco Camps por importe de 12.783 euros y que éste pudo facilitar a cambio la concesión de adjudicaciones a esta empresa, según Garzón.
6. ¿Por qué el PP quiso personarse como acusación particular?
El PP quiso presentarse como acusación particular con la intención de "aclarar todo" ya que, según fuentes del partido, se trata de unos hechos que les afectaban directamente, aunque no explicaron a quién querían acusar. Además, para ejercer como acusación, Garzón tenía que admitirles en el caso, algo que rechazó mediante un auto.7. ¿Por qué los populares presentaron la recusación de Garzón?
El Partido Popular presentó su escrito de recusación contra el juez Garzón (que no sea este el magistrado que lleve el caso), alegando su "enemistad manifiesta" y "animosidad contra el PP", así como su "interés directo o indirecto" (los populares alegaron la curiosa coincidencia de una cacería celebrada en Jaén, en la que estuvieron el magistrado y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en plena instrucción del caso). El ministro tuvo que dimitir poco después.Además, para que la recusación se hiciera efectiva, tenían que cumplirse cinco requisitos: el PP tenía que ser parte de la acusación; era imprescindible que Garzón admitiera el recurso; para ser recusado un magistrado tienen que opinar todos las partes del caso (defensa, fiscalía, acusación...); si prospera la recusación, después decide la Sala de lo Penal que es la competente para suspender al juez; y si no se cumplen los pasos anteriores, tendrían que ir a una instancia superior para pedir su recusación.
8. ¿Por qué pidieron la inhibición de Garzón del caso?
El PP primero y posteriormente la Fiscalía Anticorrupción pidieron a Garzón que se inhibiera del caso al no apreciar indicios de la implicación en el mismo de diputados, senadores o eurodiputados del grupo popular. Es decir, de aforados (cargos públicos con protección jurídica especial) nacionales de este partido.Si Garzón acusaba a algunos de ellos de algún delito -como era el caso de Alberto López-Viejo o Francisco Camps-, tendría que renunciar a la investigación, como pretendía el PP, y pasar el caso inmediatamante a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia o al Tribunal Supremo, juzgados que ni cuentan con los medios ni con la experiencia de la Audiencia Nacional para llevar un caso de este tipo.
El método más utilizado en estos casos -no es la primera vez que sucede- pasa por imputar a los aforados en el último momento, cuando la investigación ya está prácticamente completa, algo que Garzón hizo finalmente el 5 de marzo.
Con el paso de los días antes del 5 de marzo, Garzón iba retrasando su decisión por lo que el PP decidió presentar una querella criminal por prevaricación contra el juez. Los populares acusaron al magistrado de actuar de manera "manifiestamente injusta a sabiendas" al haber superado "con creces" el plazo de tres días que establecer la Ley de Enjuiciamiento Criminal para remitir las actuaciones a otro tribunal.
9. ¿Por qué decidió finalmente Garzón inhibirse de la investigación?
Garzón decidió inhibirse del 'caso Gürtel' el 5 de marzo, fecha en la que finalizó los interrogatorios a todos los imputados, sólo después de que se produjera la petición formal de la Fiscalía Anticorrupción para que dejase el caso.
Así, Garzón dejó parte del caso en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia por haber hallado indicios de responsabilidad penal en el presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, entre otros. También cedió la otra parte del caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, implicando en su auto a Alberto López Viejo, Alfonso Bosch, Jesús Sepúlveda o Ginés López, entre otros.
