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| MADRID |
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| M2 / CASO MAJADAHONDA |
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| Querella contra los rebeldes |
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| El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, demandará por segunda vez a los dos concejales del Partido Popular que le acusan de un intento de soborno. Los ediles díscolos no pueden aportar pruebas y mantienen reuniones con los dirigentes del PSOE local en un despacho del Ayuntamiento majariego |
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| MONTSE VELAZQUEZ Muchas preguntas en el aire: ¿Para qué un intento de soborno si tenía el apoyo de la mayoría del grupo municipal del PP?, ¿Por qué han esperado para hacerlo público? Son los interrogantes que plantea el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, del PP, que ayer anunció la segunda querella criminal, en menos de un mes, contra los dos tránsfugas de su partido, José Luis Peñas y Juan José Moreno, responsables de Hacienda y Planeamiento Urbanístico durante el mandato del anterior regidor, Guillermo Ortega. De Foxá les acusa de un presunto delito de calumnias e injurias, les responsabiliza de la crisis económica del Ayuntamiento y de un «odio insuperable» contra el Partido Popular por haberles quitado el poder. «No han aceptado el cambio de alcalde e intentan hacer el mayor daño posible», les reprocha el regidor.Mientras De Foxá comparecía ayer ante los medios de comunicación para desmentir las acusaciones de Peñas sobre un presunto intento de soborno, los tránsfugas mantenían una reunión a puerta cerrada con el portavoz del PSOE, Ricardo Núñez y el concejal del mismo partido, Manuel Fort, en un despacho del Ayuntamiento que todavía conservan. Ninguno quiso desvelar el contenido del encuentro. Tampoco fueron capaces de aportar alguna prueba del presunto soborno porque «Narciso no soltó el papel», donde, según Peñas, creyó ver la cifra de un millón de euros que supuestamente le ofrecieron a cambio de anular el concurso de enajenación de dos parcelas municipales. Ayer ambos concejales fueron suspendidos de militancia del PP de forma cautelar. Una decisión que De Foxá interpretó como el paso previo a la expulsión que finalmente tendrá que decidir el comité de Derechos y Garantías del PP. El regidor considera insostenible la acusación de soborno. Mantiene que no tiene sentido porque él mismo firmó el decreto para que una de las parcelas (RN-1) volviera a ser propiedad del Ayuntamiento.Meses antes, el pleno aprobó de forma inicial la venta de la finca a la empresa municipal del suelo (PAMMASA) al precio de unos siete millones de euros. La valoración se realizó teniendo en cuenta que la parcela se destinaría a la construcción de viviendas sociales pero Ortega y Peñas decidieron cambiar de política y sacarla al mercado de viviendas libres. «Yo acaté la decisión de que la parcela se vendiera», defiende de Foxá. Sin embargo, no consintió que los afines a Ortega se dispusieran a enajenar el terreno a un precio (1.600 euros el metro cuadrado) por debajo de su verdadero valor. En diciembre de 2004 renunció a la delegación de Urbanismo arropado por la mayoría de los concejales del grupo municipal. Este apoyo es otro de los argumentos esgrimidos por De Foxá para desacreditar la tesis del soborno porque el PP mantiene la mayoría absoluta aun perdiendo el apoyo de dos de sus concejales. La condena del alcalde a las «acusaciones sin pruebas» estuvo latente durante toda la rueda de prensa. «Mañana puedo yo inventar un dossier sobre cualquiera de ustedes y llevarlo a los periódicos.Eso es lo que han hecho ellos», advirtió. «Espero que paguen política y jurídicamente por esta canallada», dijo. De Foxá mostró especial empeño en demostrar que el verdadero responsable de las decisiones sobre el planeamiento urbanístico era José Luis Peñas. «Es mentira que quisieran imponerme como concejal de Urbanismo. Yo sólo tenía el nombre pero el 90 % de las competencias urbanísticas correspondían a Peñas» subrayó.Una prueba que, a juicio del regidor, demostraría el grado de poder que logró acumular Peñas se encuentra en el expediente de enajenación de ambas parcelas. «Mi nombre no aparece. Todo lo firmaba y lo decidía Peñas». Para desmontar las acusaciones sobre un presunto trato de favor a alguna constructora en particular, De Foxá recordó que cuando dimitió no se conocían los resultados de las valoraciones de los técnicos ni las empresas que optaban a la adjudicación. Se mostró rotundo al negar la implicación que achacan los tránsfugas al ex alcalde y ex secretario general del PP, Ricardo Romero de Tejada, en la política municipal y autonómica. También responsabiliza a los díscolos de la penuria económica del Ayuntamiento. «El problema no radica en los gastos de inversión.La crisis se origina por los problemas de gestión en el gasto corriente y los responsables del Urbanismo y la Hacienda municipales eran ellos». De Foxá animó a los tránsfugas a hacer público el dossier que dicen haber entregado a los máximos dirigentes del PP regional.«¿Por qué no lo enseñan para que yo pueda defenderme y opinar? La respuesta es porque no tiene contenido», concluyó. |
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